El Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) se diseñó con base en cuatro dimensiones que permiten conocer, valorar y comunicar el nivel de desarrollo de las capacidades de planeación, gestión, monitoreo, evaluación, transparencia y mecanismos de participación ciudadana de cada una de las entidades federativas para la implementación de políticas públicas en materia de desarrollo social con base en evidencia y orientación a resultados.

  Óptimo
  Intermedio
  Básico
  Bajo
  Escaso
  • Dimensión Planeación Programático-Presupuestal

    Esta dimensión refleja la existencia de instrumentos de planeación para el desarrollo social, con un horizonte a mediano y largo plazo, alineación a la planeación nacional, expresión programático presupuestal de la política social estatal y la identificación de los beneficiarios potenciales de los programas y acciones estatales de desarrollo social. La calificación máxima por obtener para cada estado en esta dimensión fue de 44.14 puntos, la puntuación más alta la obtuvieron Jalisco (42.27 puntos) y Guanajuato (41.65 puntos), mientras que la entidad que registró el menor puntaje en el componente fue Morelos (16.33 puntos). Con respecto a la medición 2019, se registró una disminución en el cumplimiento promedio porcentual para esta dimensión de 73.28% a 71.44% 4.

    Entre los resultados principales de la dimensión se registró que:

    1. Para las treinta y dos entidades fue posible identificar dentro de sus Planes Estatales de Desarrollo, diagnósticos que expresan los principales problemas públicos asociados a las brechas de pobreza5. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 cuenta con esta información.
    2. Los 32 Planes Estatales de Desarrollo plantean objetivos y metas a alcanzar durante los periodos de gestión de cada Ejecutivo local; sin embargo, sólo los estados de Guerrero y Oaxaca incluyen el componente de planeación presupuestaria, lo que permite contar con una referencia de los recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos. En este sentido, también es importante resaltar el caso de Guanajuato, entidad que ha institucionalizado la planeación de mediano y largo plazos a través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía (IPLANEG), el cual, también incorpora diversos mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, que su Consejo es presidido por ciudadanos.
    3. Es relevante mencionar que Nayarit, Sinaloa y Yucatán, no cuentan con una Ley Estatal de Desarrollo Social que regule la actuación de su gobierno estatal en la disminución de brechas de pobreza y garantizar los derechos sociales reconocidos por cada Constitución local.
    4. En la actual medición del IDES, no fue posible evaluar el reactivo que califica si los Planes Estatales de Desarrollo alinearon sus metas con las del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pues este último no clarifica las metas ni sus objetivos; hecho que impacta directamente en las posibilidades de alineación y coordinación entre los Gobiernos Estatales y el Gobierno Federal.
    5. En las treinta y dos entidades y el Gobierno Federal, se identificaron regulaciones locales que establecen la obligación de incorporar la participación ciudadana en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo, respectivamente
    6. Para el Gobierno Federal y treinta entidades federativas, fue posible identificar en sus instrumentos de planeación macro6 de desarrollo social, el diseño de procesos para la generación de cambios en el mediano plazo en la materia. Sólo para los casos de Querétaro y Tlaxcala, no fue posible identificar de forma explícita dichos elementos en los instrumentos de planeación, sin embargo, a partir de los elementos presentes en éstos, es posible inferir el diseño de procesos para generar cambios en materia de desarrollo social en el mediano plazo.
    7. Asimismo, se pudo identificar dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes Estatales de Desarrollo de treinta y una entidades, qué bienes y servicios clave se planean producir para generar cambios en el mediano plazo en materia de desarrollo social. Únicamente Tlaxcala no establece dichos elementos en sus instrumentos rectores de planeación.
    8. Sólo la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa establecieron Reglas de Operación para un porcentaje superior al ochenta por ciento de los programas sociales locales que implementan.
    9. Únicamente el Gobierno Federal, la Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Veracruz transparentaron en su Presupuesto de Egresos Federal y Estatal 2019, respectivamente, los recursos aprobados para más del 80% de los programas sociales. Mientras que, para Tlaxcala y Chihuahua el porcentaje de programas sociales estatales que aparecen en los presupuestos anuales oscila entre el 51% y 79% del total de programas implementados; para las restantes veinticinco entidades, el porcentaje de programas expresados en el presupuesto estatal fue menor al 50%.
    10. Con respecto a la definición de la población que se encuentra en el supuesto del problema público que cada programa social busca atender, se identificó que en doce7 entidades, y en el Gobierno Federal, se definió para más del 80% de sus programas sociales la población potencial que busca atender; no obstante, sólo el Gobierno Federal, la Ciudad de México, Jalisco y Sinaloa cuantificaron esta población para más del 80% de su oferta programática social.
    11. Se identificó que, con excepción de Morelos, todos los demás estados tienen una Estructura Programática Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2019; sin embargo, sólo el Gobierno Federal, la Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Veracruz incorporan en la misma más del 80% de sus programas sociales.
    12. En lo relacionado a la publicación del presupuesto ejercido de los programas sociales estatales en la Cuenta Pública anual, sólo el Gobierno Federal, Guanajuato y Veracruz hicieron pública dicha información para un porcentaje superior al 80% de sus programas sociales implementados en el ejercicio fiscal 2019.
    13. Sólo en Morelos, Nayarit y Sonora, no existe una normativa que mandate la incorporación del enfoque de Presupuesto basado en Resultados (PbR) para la planeación y programación de los recursos públicos. No obstante, sólo en Jalisco hay evidencia de que se retoman los insumos derivados del monitoreo y la evaluación para justificar la aprobación presupuestaria en materia de política social.
    14. Todas las entidades federativas transparentan la distribución de recursos federales para la implementación de acciones de desarrollo social en el orden municipal.
  • Gestión Eficiente de Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social

    Esta dimensión valora la existencia de instrumentos de gestión de las políticas públicas de desarrollo social (programas y acciones) con base en evidencia, orientación a resultados, así como en alineación con la planeación estatal e identificación de potenciales concurrencias y duplicidades con otras políticas públicas implementadas por otros órdenes de gobierno. La calificación máxima por obtener para cada estado en esta dimensión fue de 20.68 puntos; la puntuación más alta la obtuvieron Guanajuato (20.06 puntos), el Gobierno Federal (18.19 puntos) y la Ciudad de México (16.95 puntos); mientras que las entidades que registraron el menor puntaje en el componente fueron Baja California Sur (4.36 puntos) y Veracruz (2.49 puntos). Con respecto a la medición 2019, se registró una disminución en el cumplimiento porcentual promedio para esta dimensión de 53.27% a 48.67% en la medición 2020.

    Entre los resultados principales de la dimensión se registró que:

    1. Para veintiocho entidades se identificaron alineados los objetivos y metas de sus Planes Sectoriales con los derechos sociales y dimensiones de la medición multidimensional de la pobreza. Para Querétaro, dicha alineación puede inferirse, aunque no se encuentra expresada en los instrumentos de planeación; mientras que, para Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, no fue posible identificar ni inferir esta alineación.
    2. Sólo en Veracruz no fue posible alinear más del 80% de sus programas sociales con la disminución de brechas de pobreza o garantizar el acceso a derechos sociales.
    3. El Gobierno Federal y Guanajuato son los únicos que han realizado evaluaciones de diseño para más del 80% de sus programas y acciones de desarrollo social; mientras que la Ciudad de México ha evaluado en estos términos a más del 50% de sus programas. Para las entidades restantes, se identificaron evaluaciones para menos del 50% de su oferta programática social.
    4. Guanajuato8 y Quintana Roo9 , son las únicas entidades que incorporan incentivos organizacionales que promueven la mejora del personal encargado de la implementación de los programas sociales.
    5. En el Gobierno Federal y las treinta y dos entidades federativas, se identificó en normativa vigente la existencia de un Sistema de Planeación Nacional/Estatal en desarrollo social que identifica actores, atribuciones y mecanismos de funcionamiento para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política social nacional/estatal.
    6. Baja California Sur, Campeche y Nayarit, no cuentan con un punto de acceso único que integre información de relevancia de los programas y acciones estatales de desarrollo social, que incluya la descripción de la oferta programática, sus Reglas de Operación, padrones, etcétera.
    7. Únicamente en Guanajuato se identificó un análisis sobre las concurrencias y potenciales duplicidades entre sus programas sociales con los implementados por otros órdenes de gobierno.
    8. El Gobierno Federal y veinticuatro entidades cuentan con un sistema público de monitoreo de los programas y acciones estatales de desarrollo social, donde se publica información sobre el seguimiento de la implementación de los programas sociales. Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, no cuentan con sistemas de dichas características.
    9. Con relación a la población objetivo, el Gobierno Federal y veintisiete entidades la definieron para más del 80% de su oferta programática social; sin embargo, sólo el Gobierno Federal, Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Sinaloa, la cuantifican en la misma proporción.
    10. El Gobierno Federal y diez entidades definen la población atendida para más del 80% de sus programas sociales, pero únicamente el Gobierno Federal y 5 estados (Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa y Yucatán) la cuantifican en los mismos términos.
  • Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Social

    Esta dimensión refleja la existencia de mecanismos e instituciones orientadas a la valoración de los diversos atributos que comprenden la implementación de la política de desarrollo social en cada entidad federativa, así como la existencia de evidencia documental relativa al seguimiento y valoración de las actuales políticas de desarrollo social ejecutadas por las entidades federativas. La calificación máxima por obtener para cada estado en esta dimensión fue de 18.19 puntos, la puntuación más alta fue obtenida por el Gobierno Federal con 16.33 puntos, seguido de Guanajuato con 15.08 puntos, mientras que las entidades que registraron el menor puntaje en el componente fueron Baja California Sur (10.10 puntos) y Tamaulipas (9.48 puntos). Con respecto a la medición 2019, se registró un ligero aumento en el cumplimiento porcentual promedio para esta dimensión de 65.14% a 65.25% en la medición 2020.

    Entre los resultados principales de la dimensión se registró que:

    1. El Gobierno Federal y las treinta y dos entidades, cuentan con una normativa vigente en materia de monitoreo y evaluación.
    2. En el Gobierno Federal y en treinta y una entidades fue posible identificar una agencia especializada encargada de la evaluación de la política social. Sin embargo, sólo para el Gobierno Federal, la Ciudad de México, Durango, Estado de México, Morelos y Querétaro, se identificó que dichas agencias cuentan con autonomía técnica y de gestión frente al Ejecutivo Estatal. Se acota que para Tamaulipas no fue posible identificar una agencia especializada en la materia.
    3. En lo que respecta a la provisión de información relacionada con los resultados de las metas de gestión de cada programa de desarrollo social a través de indicadores, sólo el Gobierno Federal, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y Veracruz, publican los resultados de sus indicadores de gestión (actividades y componentes, de acuerdo con la metodología de la Matriz de Marco Lógico) para más del 80% de su oferta programática.
    4. En contra parte, en veintitrés entidades federativas se publican los resultados de sus indicadores de gestión para menos del 50% de los programas sociales implementados. En relación con la publicación de indicadores relacionados con la consecución de objetivos de mediano y largo plazo de las políticas públicas de desarrollo social en los estados, sólo el Gobierno Federal, Guanajuato, Sinaloa y Veracruz publican para más del 80% de sus programas sociales los resultados de sus indicadores estratégicos. Mientras que veintiocho entidades publican dicha información para menos del 50% de su oferta programática implementada en el 2019.
    5. Sólo la Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa y Yucatán, publicaron los padrones de beneficiarios para más del 80% de los programas sociales implementados por su Ejecutivo Federal/Estatal.
    6. Destaca que únicamente el Gobierno Federal realiza evaluaciones de procesos y de resultados para más del 50% de sus programas sociales estatales, mientras que las 32 entidades federativas, las realizan en menos del 50%.
    7. En lo que respecta a la existencia de mecanismos para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (AMS) derivados de las evaluaciones de los programas sociales locales, se identificó la existencia de éstos, en veinticuatro entidades federativas, así como en el Gobierno Federal. En contraparte, no fue posible identificarlos en los estados de Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas ni Veracruz.
    8. Tanto para el Gobierno Federal, como para las treinta y dos entidades federativas, se identificó una institución de control externo al Ejecutivo Estatal, a través de la Fiscalización Superior, con funciones de auditoría de los programas y acciones estatales de desarrollo social. Asimismo, se ubicó una agencia de contraloría al interior del Ejecutivo Federal/Estatal, que realiza funciones de control y vigilancia a los programas y acciones locales de desarrollo social.
  • Desarrollo Social Abierto y Participación Ciudadana

    Esta dimensión valora la incorporación de estándares de apertura de datos a la información relativa a programas y acciones estatales de desarrollo social, así como la existencia de mecanismos de participación ciudadana en los diferentes momentos del ciclo de la política pública estatal de desarrollo social. La calificación máxima por obtener para cada estado en este componente fue de 16.95 puntos, la puntuación más alta fue obtenida por Guanajuato con 16.95 puntos; mientras que Michoacán registró la menor calificación con 2.49 puntos. Con respecto a la medición 2019 se registró un aumento en el cumplimiento promedio para esta dimensión, al pasar de 50.57% a 52.06% en la medición 2020.

    Entre los resultados principales de la dimensión se registró que:

    1. Tanto para el Gobierno Federal, como para veintiséis entidades federativas, fue posible identificar evidencia de participación ciudadana en el proceso de construcción de los Planes de Desarrollo, sólo para los estados de Campeche, Durango, Morelos, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, no fue posible identificar dicha evidencia.
    2. Sólo para Coahuila y Guanajuato, fue posible identificar evidencia de mecanismos que busquen recolectar y sistematizar la opinión de beneficiarios para más del 60% de los programas y acciones estatales de desarrollo social.
    3. Únicamente el Gobierno Federal y los estados de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa y Yucatán publicaron en formato de datos abiertos, los resultados de los indicadores de gestión para más del 50% de sus programas y acciones sociales.
    4. El Gobierno Federal, Chihuahua, Guanajuato y Sinaloa, fueron los únicos que publicaron los resultados de sus indicadores estratégicos para más del 50% de su oferta programática. Las entidades restantes, si bien publican un número limitado de información sobre indicadores, lo hacen en formatos cerrados (pdf) lo cual dificulta el uso de los datos.
    5. En lo que respecta a la publicación de los padrones de beneficiarios, se acota que sólo Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán, publicaron dichos registros en formato de datos abiertos para más del 50% de su oferta programática social.
    6. Destaca que sólo para el Gobierno Federal, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, se identificó para más del 50% de sus programas sociales, información sobre los procesos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones.
    7. Únicamente en Michoacán, Tlaxcala y Yucatán no hay normativa que regule los procesos de contraloría social en los programas y acciones sociales. Sin embargo, sólo en Chihuahua, Coahuila y Guanajuato, se identificó evidencia sobre la realización de dichos mecanismos de participación ciudadana.
    8. Por otra parte, a diferencia de mediciones previas, fue posible identificar que Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Chihuahua difunden evidencia sobre los mecanismos de participación ciudadana que se han diseñado para el rediseño o actualización de los programas y acciones sociales.

4 Se excluyó de la calificación promedio el puntaje obtenido por el Gobierno Federal debido a que, por única ocasión, el IDES lo ha incluido dentro de su evaluación.

5 Estados en donde se realizaron elecciones en el año 2018 y el primer año de mandato fue 2019: Tabasco, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz, CDMX, Yucatán, Chiapas y Morelos.

6 De acuerdo con Cunill y Ospina (2003) y Bouckeart y Halligan (2008) existen dos dimensiones del desempeño gubernamental y distintos niveles del desempeño de una política o programa público que inciden en la obtención (o no) de un resultado. Cunill y Ospina (2003) y Bouckeart y Halligan (2008) coinciden en identificar dos dimensiones del desempeño gubernamental, la dimensión de “Alcance” y la dimensión de “Profundidad”. Mientras que la dimensión de “Alcance” se extiende de forma horizontal para identificar y desglosar de forma lineal-causal las interrelaciones de los elementos que explican la obtención de un resultado, la dimensión de “Profundidad” se extiende de forma vertical para identificar las interrelaciones que se deben dar en los distintos niveles de la acción pública o gubernamental para la obtención de resultados de valor. Típicamente, se identifican tres niveles de profundidad: macro, meso y micro. En el nivel macro se ubican los elementos de desempeño relacionados con el cumplimiento de los grandes mandatos que han sido prescritos a sectores o instituciones de la AP. En el nivel meso, se ubican los elementos del desempeño atribuible a los Estados, mediante sus planes de desarrollo y políticas sectoriales locales (dependencias de gobiernos locales, órganos locales autónomos, etc.) que han decidido diseñar e implementar para aportar al cumplimiento de los grandes mandatos (establecidos en el nivel macro). En el nivel micro se ubican los elementos del desempeño atribuibles a las unidades administrativas dentro de los gobiernos de los Estados y organismos públicos locales (reflejados en políticas y programas de dependencias e instituciones locales) para dar cumplimiento a las políticas y programas prescritos por el documento rector en la materia para dar cumplimiento a su mandato público (nivel macro).

7 Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Yucatán, y Zacatecas.

8 Lineamientos generales para la administración de los recursos humanos adscritos a las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal. Título V Evaluación al Desempeño, Capítulo Único Evaluación al Desempeño, pp. 23.

9 Art. 30, Fracc. X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; y Sección Quinta del Manual de Otorgamiento de Remuneraciones y Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Púbica Estatal.